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"Urge una reforma al Sistema General de Regalías en Colombia"

1 Julio, 2016 9:15 AM

Como es conocido por la opinión pública y de manera muy especial por los que habitan territorios donde se explotan recursos naturales no renovables, verbigracia, el petróleo, el Gobierno Nacional sancionó el Acto Legislativo No.05 de 2001, que creó el Sistema General de Regalías, modificando de paso los artículos 360 y 361 de nuestra carta magna. Posteriormente hubo desarrollos normativos consagrados en el Decreto 4923 de 2011 y la Ley 1530 de 2012, por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, con ello pretendía el Gobierno nacional mayor equidad en la distribución del recurso minero-energético.

Transcurridos dos años de funcionamiento del S.G.R, efectivamente las cifras sobre el avance del Sistema en materia de distribución de los recursos y sus impactos ameritan una reforma al actual esquema, en función de manera especial a los principios de equidad regional y equidad social.

Desde luego a la luz de reformas, habrá como es natural un rechazo por parte del Gobierno Nacional pero eso no es óbice para que no se pueda proponer un ajuste al Sistema.

Como es conocido por la opinión pública y de manera muy especial por los que habitan territorios donde se explotan recursos naturales no renovables, verbigracia, el petróleo, el Gobierno Nacional sancionó el Acto Legislativo No.05 de 2001, que creó el Sistema General de Regalías, modificando de paso los artículos 360 y 361 de nuestra carta magna. Posteriormente hubo desarrollos normativos consagrados en el Decreto 4923 de 2011 y la Ley 1530 de 2012, por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, con ello pretendía el Gobierno nacional mayor equidad en la distribución del recurso minero-energético.

Transcurridos dos años de funcionamiento del S.G.R, efectivamente las cifras sobre el avance del Sistema en materia de distribución de los recursos y sus impactos ameritan una reforma al actual esquema, en función de manera especial a los principios de equidad regional y equidad social.

Desde luego a la luz de reformas, habrá como es natural un rechazo por parte del Gobierno Nacional pero eso no es óbice para que no se pueda proponer un ajuste al Sistema.

Sin embargo es importante aclarar que el asunto no es de resorte exclusivamente monetario, sino, técnico y procedimental. En primera instancia se podría proponer una nueva distribución del SGR, que contemple por ejemplo, una reducción del Fondo de ahorro y estabilización del 10%, la cual debería incrementar en la misma medida el porcentaje de asignaciones directas a municipios en donde se explotan recursos naturales no renovables, RNNR; adicionalmente el 10% de los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología e innovación deberían asignarse de manera diferencial: 7% para municipios especial, primera y segunda y el restante 3% para los municipios de las demás categorías. Incluso se podría proponer que del 10% del FONPET, los Municipios donde se explotan recursos naturales no renovables, provisionen sólo el 5% y el restante el 10%, los recursos sobrantes irían para asignaciones directas. Tenemos entonces que se apropiaría un 15% a municipios donde se explotan RNNR. Se podría proponer en este sentido que del 100% de los recursos e asignaciones directas el 70% sea de uso exclusivo para el financiamiento de la calidad de la educación si queremos que los RNNR tengan efectos intergeneracionales y, el restante 30% en inversión en otros ítem de inversión social. Este 15% aclaro debe ser distribuido con base en lo señalado por el SGR. Municipios como Barrancabermeja podrían volver a tener recursos importantes como hace algunos años para atender problemáticas estructurales de la sociedad como lo es la educación.

Pero, esta propuesta no tendría ningún sentido si de manera complementaria no se preveen ajustes de orden técnico y procedimental; de orden técnico en virtud de que la única forma de bajar recursos es con proyectos, es claro que el "atasco" que hay en la ejecución es porque en las regiones hay serias debilidades para la formulación de proyectos, las cifras de la Contraloría General de la República1 soportan esta situación. Se propone entonces que el DNP con los recursos del 2% que dispone del SGR, para funcionamiento del sistema, se realicen convenios con las Universidades Regionales para cualificar las competencias en materia de identificación y formulación de proyectos: de orden procedimental, tiene que ver con la necesidad de suprimir los OCADES Municipales, ya que el no ha agregado rigor técnico a los proyectos y el Gobierno Nacional no tiene la capacidad de agilizar el trámite de los mismos en los más de mil municipios que hay.

La urgencia de una reforma en este sentido adquiere mayor relevancia en virtud de que los recursos no están llegando a las regiones, trayendo como consecuencia impactos negativos en calidad de vida y adicionalmente mayores presiones sociales para los gobiernos locales y para las misas compañías petroleras. Es una especie de "bomba" social, que incluso espanta la inversión externa en nuestro país, entre otros efectos.

1 Contraloría General de la República, informe No. 43 de 2013.

 

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